Empieza la cuenta atrás

La ciudad de Barcelona contaminada con la torre Agbar, las torres Mapfre y la Sagrada Familia rompiendo el llano

MARÍA JOSÉ ELÍAS REIN y VÍCTOR RECACHA

Barcelona, junto a Madrid, es de las ciudades europeas más contaminadas. El Ayuntamiento de Barcelona ha admitido que los niveles de contaminación en la ciudad superan los límites exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A diario los barceloneses —casi sin saberlo—  exponen su salud a la mala calidad del aire y el ruido, aumentando por ello sus probabilidades de contraer enfermedades cardiovasculares, respiratorias e incluso problemas en el embarazo.

La nube de polución es claramente visible en Barcelona. Resulta alarmante asistir a la transformación que sufre la ciudad de un día claro a uno contaminado, como ilustra la fotogalería que destacamos en la portada de esta edición.

La urgencia de tomar medidas para abordar la emergencia climática y la salubridad del aire que respiran los barceloneses, así como la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea, ha llevado al consistorio a impulsar medidas como la Zona de Bajas Emisiones.

Una medida que pende de un hilo, ya que depende enteramente del resultado del pleno municipal de mañana, en el que se votará la ordenanza que tiene que regular la ZBE. La votación depende de la posición final de Esquerra Republicana.

En último momento, ha entrado en escena la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del líder republicano Oriol Junqueras. Un elemento que puede sacudir el tablero político catalán y condicionar, bloquear y paralizar prácticamente cualquier negociación política a partir de ahora, incluyendo la ZBE.

Mientras tanto, el estudio de calidad del aire del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat alertó que en el 2018 Cataluña incumplió los estándares de dióxido de Nitrógeno (NO2). Este gas puede convertirse en tóxico y es el que se emite en procesos de combustión como el tráfico y la electricidad. En una de cada dos escuelas barcelonesas se incumplieron recientemente los límites de polución del aire recomendados por la Unión Europea.

Aunque el amianto, componente que puede causar cáncer de pulmón, laringe y ovarios, se haya calificado como cancerígeno en 1978, Barcelona lo sigue conservando 30 años después. Por su parte, 800.000 toneladas de residuos son generadas cada año, según la compañía de tratamiento y sección de residuos Tersa. Sólo en Barcelona. Todos estos temas, y más, se abordan en la edición 2019 de La22.

La ciudad no da abasto. Pareciera ser sorda, incluso ciega. Entre la mala calidad del aire, sus efectos adversos en la salud y las toneladas de residuos que se generan, se podría concluir que la capital catalana está en el peor momento ambiental de su historia. El turismo masivo se encarga diariamente de dejar los restos de su paso por la ciudad en las calles. La creencia de estar contribuyendo al medio ambiente cuando la realidad es mucho más compleja y el hecho de que la mitad de los centros educativos de Barcelona superan los niveles de polución de la UE se suman y solo generan ganas de huir de la ciudad.

No es solo Barcelona, es el mundo entero. El 2019 fue un año récord en temperaturas. Récord también en las emisiones de dióxido de Carbono (CO2), principal gas del efecto invernadero. Por ello fue que la Cumbre del Clima número 25, llevada a cabo en Madrid, fue la más larga de la historia.  Y aunque los científicos advierten que si la temperatura de la tierra sube 1,5°C, las consecuencias serían desastrosas, los 200 países reunidos en la cumbre no lograron un consenso.

Según la ONU, “deben multiplicarse por cinco los esfuerzos para llegar a la meta de 1,5º”, pero con los planes que acordaron los países en la COP25 la temperatura no bajaría de 3,2º. Tampoco se pusieron de acuerdo sobre el Artículo 6 el Acuerdo de París, enfocado en regular los mercados de Carbono, por el cual los países y las empresas intercambian los derechos de emisión CO2. Los negociadores sólo consensuaron un débil llamamiento a que los países “se esfuercen más”.

Pero como dijo la joven activista sueca Greta Thunberg en la Cumbre del Clima COP25 de Madrid “hay esperanza, pero no viene de los Gobiernos y de las Empresas, viene de la sociedad y de las personas que comienzan a despertar”. Barcelona vislumbra también un haz de esperanza. Las ‘superillas’,  las zonas de bajas emisiones, los cambios en los hábitos de consumo y una mayor concienciación entre la juventud son sólo ejemplos de una sociedad que ya no aguarda respuestas del sistema. Habla por sí sola. Quiere abrir sus ojos.

La experiencia europea

La calidad del aire no es un tema novedoso en la Unión Europea. En 2008, tras una serie de episodios de contaminación atmosférica, entra en vigor una directiva europea que fijaba un límite legal para los índices contaminantes en los grandes centros urbanos. Los países tenían hasta 2010 para poner en marcha una solución de reducción de emisiones. En 2015, el Acuerdo de París puso el foco de las preocupaciones hacía el tema de nuevo.

En julio de 2019, Bruselas llevó a España al Tribunal de Luxemburgo por el incumplimiento de los estándares límites de NO2 (dióxido de Nitrógeno) presentes en el aire de Madrid y Barcelona, con riesgo de una multa que podría llegar hasta los 1.600 millones de euros.

España ha tardado casi 10 años en llevar a cabo una regulación que gestionase las emisiones. Madrid Central fue la primera área en España que atendió permanentemente el problema en noviembre de 2018, aunque con una tímida región de 4 km². En Barcelona, la ZBE opera en situaciones de emergencias desde 2017 y es 20 veces mayor que el área madrileña.

Grandes capitales como Berlín, Londres, Paris, Lisboa y Roma tienen vigentes zonas de restricciones por contaminación atmosféricas, en que hacen uso de la clasificación Euro para encuadrar sus vehículos, pero con condiciones distintas de las españolas.

En Londres, por ejemplo, existe una regulación desde 2003, pero con reglas más restrictivas desde 2017. La gestión está hecha en dos áreas distintas, una central más restrictiva de 21 km² y otra que es el conjunto de diversos municipios que suman 1.500 km², la mayor área europea hasta ahora. En el área central, parte de la gestión consiste en pagar una tasa para acceder la región.

            En París, desde 2017 es obligatorio el uso del distintivo y en caso de incumplimiento la multa es de 68 euros mientras en Berlín, la multa por entrar sin el distintivo es de 80 euros. En Barcelona, el uso del distintivo no será obligatorio, pero la gestión pública lo recomienda.

            La normativa ya ha provocado grandes divergencias entre los habitantes de Barcelona, el poder público y las asociaciones ecológicas. La portavoz de la Plataforma de Afectados por Restricciones Circulatorias (PARC), Mónica Xufré, declara: “Todo el mundo piensa en atacar al más fácil, cuando los focos de contaminación de la ciudad de Barcelona son puerto, aeropuerto, tráfico de mercancías y luego el transporte privado.” 

            En concreto, el puerto y aeropuerto de Barcelona son considerables focos de emisiones contaminantes. En una entrevista cedida a la Catalunya Ràdio, la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, asegura que el puerto barcelonés es responsable del 10% de la contaminación del aire de la ciudad.

Sin embargo, la plataforma Ecologistas en Acción ha publicado un artículo que denuncia que 80% de la contaminación en España es causada por el tráfico rodado. Y el Aeropuerto del Prat tiene la clasificación nivel 2 en la Airport Carbon Accreditaton, que significa que es uno de los 33 aeropuertos europeos a reducir las emisiones de CO2 en 2019.